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Varios apresados por operativos al sur del país

Hasta el momento se desconoce la identidad de las personas detenidas.

Varias personas han resultado apresadas producto de varios operativos realizados durante la mañana de este miércoles en la zona sur del país, entre estos Barahona y Azua, según se informó.

Las acciones están siendo llevadas a cabo por la Procuraduría General de la República, agentes de la entidad estadounidense Drug Enforcement Administration (DEA) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Hasta el momento se desconoce la identidad de las personas detenidas.

En imágenes se pueden apreciar helicópteros sobrevolando las provincias sureñas, así como agentes en las afueras de algunas viviendas de la zona.

El Ministerio Público solicitó al tribunal la variación de la calificación jurídica de la acusación contra los imputados por la muerte de Joshua Omar Fernández el pasado 19 de abril del 2023.

Los abogados del Ministerio Público expusieron al tribunal que Wesly Vicent Carmona (El Dotolcito)Luis Brito Troncoso (Luisito) y Alison de Jesús Pérez Mejía (Chiquito) deberían de ser juzgados por lo establecido en el párrafo dos del artículo 66 de la ley 631-16 sobre el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Ese artículo, que trata acerca del delito de tenencia ilegal de armas, municiones, explosivos y sus accesorios, en su segundo párrafo reseña que «cualquier persona física que le quite la vida a otra para cometer robo con violencia, poseyendo un arma de fuego ilegal, será castigada con una pena de 30 a 40 años de privación de libertad».

Actualmente, la tipificación jurídica de «homicidio agravado» la pena máxima sería hasta 30 años.

Ante esa solicitud, la defensa de los acusados indicó que solo el Tribunal tiene potestad para decidir o tomar la decisión de variar la calificación jurídica del caso.

Tras alrededor de 20 minutos ponderando los argumentos presentados por los defensores y querellantes, las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Clariver Nivar, Yisel Soto y Clara Sobeida no rechazaron ni aceptaron la solicitud del Ministerio Público y los querellantes privados, sin embargo dejaron abierta la posibilidad de que esa clasificación jurídica sea variada al momento del dictamen.

«El tribunal verificó los hechos que han sido presentados ante nos y sobre esos hechos, lo cierto es que la calificación que se adjudicó sobre los mismos no está contente a lo que la fiscalía y los querellantes consideran deben ser y el tribunal ha tomado la posición que aunque si es una facultad del tribunal, el tribunal tiene que escuchar las peticiones de las partes», detalló la magistrada Soto.

La magistrada sí le hizo la observación que como el tribunal tiene la potestad de otorgar la calificación jurídica correspondiente a los hechos al momento de dictar sentencia, le hizo la salvedad a los abogados defensores preparen sus argumentos con relación a un posible cambio a la calificación jurídica.

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