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Miles de funcionarios siguen sin declarar sus bienes pese a advertencias de sanciones

Los registros de la Cámara de Cuentas incluyen alcaldes, legisladores, fiscales y diplomáticos que no han cumplido con esta obligación.

Santo Domingo.- A pesar de las advertencias del presidente Luis Abinader y las sanciones establecidas en la ley, miles de funcionarios y exfuncionarios públicos continúan sin presentar su declaración jurada de patrimonio.

Esta obligación busca transparentar los bienes de quienes ocupan cargos en el Estado y permitir que la ciudadanía conozca cómo evoluciona su patrimonio durante el ejercicio de sus funciones.

Los registros de la Cámara de Cuentas muestran que el incumplimiento alcanza a alcaldes, legisladores, fiscales, diplomáticos y directivos de instituciones públicas, mientras las autoridades reconocen dificultades para aplicar determinadas sanciones.

Entre los principales hallazgos figuran:

  • 3,960 funcionarios electos aparecen como omisos en registros que se remontan a diciembre de 2020.
  • Más de 2,000 servidores públicos han tenido sus salarios suspendidos desde 2020 por no cumplir con esta obligación.
  • Advertencias presidenciales que se repiten desde 2020

    Apenas 11 días después de asumir la Presidencia en agosto de 2020, Luis Abinader advirtió que los funcionarios que no presentaran su declaración jurada serían suspendidos y posteriormente destituidos si mantenían el incumplimiento.

«Nosotros esperamos que todos nuestros funcionarios lo van a hacer en esa fecha, pero si algún funcionario no lo hace estará suspendido hasta que entregue la declaración jurada de bienes», expresó el mandatario en aquel momento.

La advertencia tuvo consecuencias. Ese mismo año, varios funcionarios fueron suspendidos por no declarar sus bienes. Sin embargo, el proceso también enfrentó dificultades técnicas que llevaron a la Cámara de Cuentas a extender el plazo de presentación hasta finales de septiembre.

Cinco años después, en junio de 2025, el presidente volvió a exigir el cumplimiento de la legislación e incluso planteó la necesidad de establecer sanciones más severas.

«Ellos tienen que cumplir la ley, sencillamente se tiene que cumplir la ley sí o sí», manifestó Abinader durante una edición de La Semanal.

En los registros que se remontan a diciembre de 2020 figuran 3,960 funcionarios electos que no habían cumplido con la presentación de su declaración jurada, entre ellos alcaldes, vicealcaldes, regidores, diputados y autoridades de distritos municipales.

Otro grupo de 545 funcionarios incluye gobernadoras, embajadores, cónsules, directores, subdirectores y viceministros.

Los listados con corte al 31 de agosto de 2026 también reflejan incumplimientos en distintos sectores del Estado.

En el ámbito municipal, por ejemplo, aparecen 1,066 funcionarios omisos, entre alcaldes, vicealcaldes, regidores, directores y vocales de ayuntamientos y juntas distritales.

En el sistema judicial figuran dos jueces de paz que no habían presentado su declaración de patrimonio. También aparecen 21 procuradores fiscales y 18 procuradores de corte.

La situación alcanza igualmente al Congreso Nacional. Los documentos incluyen cinco exsenadores y 14 exdiputados que dejaron sus funciones sin cumplir con esta obligación, además de cuatro representantes del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Entre las instituciones señaladas también están el Banco de Reservas, con 15 miembros de su Consejo de Directores pendientes de declarar; el Banco Nacional de las Exportaciones (Bandex), con cuatro, y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con 18 funcionarios.

La declaración jurada permite conocer los bienes, deudas y otros aspectos del patrimonio de los servidores públicos, una información importante para vigilar posibles cambios injustificados en sus riquezas y fortalecer la confianza ciudadana.

Más de 2,000 salarios suspendidos, pero persisten obstáculos para sancionar

La viceministra de Administración Pública, Grey Peña, explicó que desde 2020 se han suspendido los salarios de más de 2,000 servidores públicos por no presentar sus declaraciones juradas.

Sin embargo, reconoció que el Ministerio de Administración Pública no ha registrado procedimientos disciplinarios por esta causa durante el período al que se refirió.

«Nosotros en la experiencia que tenemos aquí no hemos tenido todavía ningún procedimiento disciplinario por la no presentación», señaló la funcionaria.

Peña explicó que los procedimientos disciplinarios corresponden a las autoridades de cada institución y que, cuando se trata de altos funcionarios, pueden requerirse actuaciones adicionales para recomendar su desvinculación.

Uno de los principales problemas surge cuando los funcionarios dejan sus cargos sin haber declarado sus bienes. En esos casos, las posibilidades de sanción se reducen porque ya no existe un salario que pueda ser retenido, aunque en determinadas circunstancias es posible detener el pago de derechos laborales adquiridos.

Por su parte, Francisco Franco, miembro del pleno de la Cámara de Cuentas, explicó que la legislación concede un plazo de 30 días calendario para presentar la declaración jurada al asumir o dejar un cargo.

El incumplimiento puede constituir una falta administrativa de tercer grado y dar lugar a la retención del salario o incluso a la destitución, según corresponda.

No obstante, Franco precisó que existen limitaciones legales para aplicar determinadas sanciones a los funcionarios electos.

«Ni los legisladores ni las autoridades electas en ningún tipo pueden ser destituidos sin un procedimiento especial que se llama juicio político», sostuvo.

También explicó que algunas instituciones, como los ayuntamientos y otros órganos autónomos, administran directamente sus nóminas, lo que puede dificultar la ejecución de las retenciones salariales.

Franco señaló que la Cámara de Cuentas ha simplificado la plataforma de presentación de las declaraciones juradas, reduciendo los campos exigidos para facilitar el proceso, además de realizar operativos de orientación en distintas regiones del país.

Mientras tanto, el Ministerio de Administración Pública trabaja en la implementación del Sistema Integral de Servicio Civil (SIS), con el propósito de automatizar las notificaciones sobre ingresos de funcionarios y mejorar la coordinación con la Cámara de Cuentas y la Tesorería Nacional.

La Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio y la legislación sobre función pública contemplan consecuencias para quienes incumplan, que pueden incluir suspensión sin disfrute de sueldo y destitución, según el tipo de falta. En los casos de destitución por faltas de tercer grado, también se contempla la inhabilitación para trabajar en el Estado durante cinco años.

A pesar de las medidas anunciadas y los mecanismos establecidos, los listados oficiales continúan mostrando funcionarios que no han cumplido con su obligación de declarar sus bienes, incluidos algunos que ya abandonaron sus puestos.

La situación mantiene abierto el debate sobre la efectividad de las sanciones, la fiscalización del patrimonio público y la rendición de cuentas de quienes administran los recursos del Estado.

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