República Dominicana mejora su clasificación en el informe de EE. UU. tras aumentar investigaciones, inspecciones y asistencia a víctimas.
la trata de personas, una clasificación que refleja avances en las medidas adoptadas por el Gobierno para combatir este delito.
Entre las acciones destacadas figuran cambios legislativos, el aumento de las investigaciones penales, más inspecciones laborales y la ampliación de los servicios de asistencia a las víctimas.
El informe también resalta los esfuerzos para investigar a funcionarios presuntamente vinculados con estas prácticas y fortalecer la prevención de la explotación sexual y el trabajo forzoso.
Cambios legales para combatir la trata de menores
Uno de los avances señalados fue la modificación de la Ley 137-03 sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas.
La reforma busca eliminar el requisito de demostrar fuerza, fraude o coacción en los casos de trata que involucran a menores de edad, en consonancia con los estándares internacionales de protección infantil.
Asimismo, las autoridades aprobaron y financiaron con recursos del presupuesto nacional el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2025-2028.
Entre las medidas complementarias figura la Resolución 13-2024, que establece un procedimiento para la entrega de documentos de identificación a personas apátridas.
El informe también destaca las consultas realizadas con organizaciones de la sociedad civil y sobrevivientes durante el proceso de modificación de la legislación.
Aumentan las investigaciones y los procesos judiciales
En materia de persecución penal, las autoridades dominicanas iniciaron 229 investigaciones por trata de personas y procesaron a 50 sospechosos bajo la legislación especial, según los datos presentados.
El documento también señala que se investigó a ocho funcionarios por presunta complicidad en estos delitos y que tres de ellos enfrentaron procesos judiciales.
Estas actuaciones forman parte de los esfuerzos para combatir la participación de servidores públicos y miembros de los organismos de seguridad en posibles redes de explotación.
Trabajo realiza 1,050 inspecciones laborales
En el ámbito de la prevención, el Ministerio de Trabajo incrementó las inspecciones en sectores considerados vulnerables al trabajo forzoso, entre ellos la agricultura, la construcción y la industria azucarera.
Las autoridades realizaron 1,050 inspecciones y suspendieron las actividades de 11 empresas privadas tras detectar indicios de posibles prácticas de trabajo forzoso.
Además, un programa piloto de registro migratorio permitió formalizar a más de 7,400 trabajadores mediante contratos laborales.
Estas medidas buscan reducir la vulnerabilidad de los trabajadores y facilitar la identificación de posibles situaciones de explotación.
Más de 130 víctimas recibieron asistencia
El informe indica que las autoridades identificaron a 136 víctimas de trata de personas, de las cuales 134 recibieron servicios integrales financiados por el Estado.
La asistencia incluyó atención médica y psicológica, asesoría legal y servicios de traducción, de acuerdo con la información suministrada.
La Procuraduría General de la República, el Ministerio de la Mujer y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) participaron en las acciones de protección y atención.
También se mantuvieron refugios especializados y medidas de protección para víctimas y testigos durante los procesos judiciales.
A estas acciones se sumaron campañas preventivas en varios idiomas y capacitaciones dirigidas al personal encargado de hacer cumplir la ley.
¿Qué significa ascender al Nivel 2?
La clasificación de Nivel 2 en el informe sobre trata de personas del Departamento de Estado de Estados Unidos significa que un país no cumple plenamente todos los estándares mínimos para eliminar este delito, pero realiza esfuerzos significativos para cumplirlos.
Por tanto, el ascenso refleja avances en las medidas adoptadas, aunque no implica que la trata de personas haya sido erradicada ni que se hayan resuelto todas las deficiencias identificadas.
El seguimiento de las investigaciones, la protección de las víctimas y la aplicación efectiva de las leyes continúan siendo aspectos importantes para evaluar los resultados de la lucha contra este delito.
