Azua.– La paralización del puente sobre el arroyo La Tina, en el municipio de Guayabal, provincia Azua, ha desatado un creciente malestar en esa comunidad, luego de que el sacerdote Moisés Corcino denunciara que el gobierno habría entregado hace dos años RD$189 millones de pesos para su construcción y aún no se ha colocado “ni una sola varilla”.
El religioso realizó la denuncia durante un encuentro con el alcalde Hipólito Cabral y decenas de moradores, quienes reclamaron explicaciones por el retraso de una obra considerada vital para el desarrollo y la seguridad de la zona.
“El dinero fue entregado, eso lo sabemos. Pero en el lugar donde se supone iría el puente no hay ni una varilla, ni una zanja, ni una señal de que ahí se va a construir algo”, expresó Corcino con evidente indignación.
Según explicó, cada vez que se registran lluvias en la parte alta, Guayabal queda completamente incomunicado, ya que la crecida del arroyo impide el tránsito de vehículos y personas, afectando actividades cotidianas y comerciales.
De su lado, el alcalde Hipólito Cabral calificó la situación como “una burla” hacia un pueblo trabajador. Sostuvo que la falta del puente ha limitado el crecimiento económico del municipio, eminentemente agrícola.
“Guayabal es una tierra rica en agricultura, pero está empobrecida por el abandono del Estado. Necesitamos ese puente para mover nuestras cosechas, para ir al médico y para vivir dignamente”, manifestó el alcalde municipal.
Los comunitarios advirtieron que, cansados de promesas incumplidas, no descartan tomar acciones de protesta más contundentes. Aseguraron que, de no observarse avances reales en los próximos días, se lanzarán a manifestarse en la carretera principal de Azua para presionar al gobierno a que reactive los trabajos.
El puente sobre el arroyo La Tina es una demanda histórica del municipio de Guayabal, debido a que representa la única vía de conexión segura con otras localidades de la provincia. Hasta el momento, las autoridades gubernamentales no se han referido públicamente a las denuncias realizadas por los representantes comunitarios.
