La división de clases también se da en las cárceles

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A propósito de la queja generalizada en cuanto al privilegio que reciben los presos cautelares del caso Odebrecht, preciso es recordar la teoría de la división de clases.
La sociología del derecho nos muestra que la división de clase ha existido desde el inicio de la civilización, pero fue Karl Marx, una de las figuras más influyentes en la historia de la humanidad, quien mejor exposición dio de la estratificación social, en cuya época luchó tenazmente a favor de la clase baja obrera.
Aunque en su obra cumbre, “El Capital”, no ofreció una definición precisa de clase social, sin embargo describió muchas de sus características. Además, este sociólogo diferenciaba las clases en base al trabajo y a la producción, sin embargo ahora se mide en fusión del acceso a los recursos materiales y el poder económico, no importa la procedencia.
Como bien sabemos, las clases bajas provienen de los barrios más desfavorecidos por el sistema social imperante, cuya base se forma de comerciantes informales, desempleados o empleados domésticos y manufactureros, cuyos salarios apenas alcanzan para la adquisición de los productos de primera necesidad, así como cubrir los servicios básicos, muy escasos, por cierto.
En el subsiguiente eslabón, tenemos la clase media, que es la predominante  en los países desarrollados y medianamente desarrollados, donde se ubican los comerciantes, profesionales, intelectuales, en fin, las personas que tienen un poder adquisitivo medio que junto a los pequeños y medianos empresarios tienen las necesidades básicas aseguradas.
En un tercer nivel tenemos la cresta de la ola. La clase alta, donde ubicamos los profesionales de prestigio, empresarios importantes, miembros de la cúspide política, y todos esos personajes que tienen un poder adquisitivo bastante fuerte, en cuyos bienes primarios nunca piensan, sino en cosas como “en cuál universidad de Europa o de Norteamérica estudiará su hijo menor”.
Las cárceles no son la excepción.
En estos días hay un caso que tiene a la palestra pública nacional bastante ocupada, y es el apresamiento y la ejecución de la parte resolutiva de la resolución de Francisco Ortega Polanco, Juez de la Instrucción Especial  del Caso Odebrecht, que le impuso prisión preventiva a la mayoría de los imputados.
En nuestro país, el Procurador General, en su función de supervisor del cumplimiento de la prisión preventiva, como el Juez de Ejecución de la Pena, vigilante tutelar del cumplimiento de la pena, y todo el que ejerce función directiva en el régimen penitenciario dominicano, reconocen los estratos sociales, y el respeto a un interno depende a cuál pertenezca.
A decir de Wilfredo Mora, criminólogo forense dominicano, “la cárcel es un indicador del tipo de sociedad y de Estado que tenemos”. Haciendo acopio de ese pensamiento, la nuestra es bastante desigual; y eso lo ratificamos viendo que desde antes de los apresamientos de los implicados en este caso, ya venían ornamentando las celdas del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, lo que hacía presumir que en esos lugares iban a pernoctar clases pudientes de nuestro país.
Entonces, visto así, y siendo las cárceles dominicanas reflejo de nuestra sociedad, lugares donde todo se compra y se vende (aunque se ha hecho un esfuerzo por reducir la desigualdad de los internos en el nuevo modelo), el interno penitenciario de una clase alta siempre tendrá un trato privilegiado frente a los internos de menores recursos.
Por ello, aunque esta prerrogativa es una irritante y grosera violación al principio constitucional de igualdad, quien tiene claro el concepto de división de clases -y la desigualdad propia de este país- no le llama la atención el trato privilegiado que les darán a los nuevos inquilinos de la cárcel pública de La Victoria y Najayo Hombres.

Este articulo  fu escrito por el Lic. Manuel Alexandro Meran Pujols

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