TSE, política y poder

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Cuando el proceso de reforma constitucional del año 2010 creó las bases para la existencia de un Tribunal Electoral se establecían las fundamentaciones institucionales para que las discrepancias partidarias fueran abordadas desde una perspectiva jurídica.

Desafortunadamente, la politiquería le ganó la batalla a un esfuerzo de arbitrar las querellas hacia lo interno de las organizaciones permeadas por la cultura autoritaria que, todavía en la actualidad, ignoran que el articulo 216 de la carta fundamental estableció los criterios tendentes a constitucionalizar el comportamiento de los partidos.

Deformar la raíz del crecimiento y desarrollo del arbitraje electoral indujo a una creencia en los beneficiarios del primer ciclo de jueces, y con decisiones favorables inspiradas en manejos de poder, se validó la tesis de que las situaciones de hecho se imponían sobre el derecho. Tanto el daño en la imagen del tribunal como la destrucción de la carrera y credibilidad de los antiguos titulares deja poco espacio a las dudas. Imposibilitados en preservarse en sus asientos en el TSE, la compensación condujo a designaciones diplomáticas, futuros decretos y deseos de beneficiarse en el reparto de los espacios a cubrir en el Tribunal Constitucional que, bajo ningún concepto, serían el resultado de desempeños honorables. Pura y simplemente pagando el “trabajo” político revestido de sentencias.

El trasfondo que debilita la auténtica labor independiente del Tribunal Superior Electoral (TSE) radica en las legítimas sospechas que provoca el mecanismo de elección de sus miembros que, validados por políticos en el Consejo de la Magistratura, difícilmente no intenten meter sus manos en decisiones vitales para la suerte de los partidos. Y ahora, que una lógica hegemónica se expresa en los aires del poder resulta “normal” insistir en influenciar las organizaciones políticas para condenarlas al antojo del presupuesto nacional y partido gobernante.

La franja que administra las siglas del PRD no puede sostener el control del partido sometiéndose al escrutinio de las bases. Por eso, quiere preservar la presidencia de la organización reproduciendo el criterio que los bautizó como cabeza partidaria: impugnado en la sociedad, disminuido a la insignificancia electoral, pero en capacidad de ser útil a los intereses del poder político porque el PLD necesita un partido blanco en “esas” condiciones. No obstante, es a los actuales jueces que le corresponde la oportunidad de demostrar que representan una verdadera garantía de que en el Tribunal Superior Electoral (TSE) los vientos de adecentamiento y respeto a la ley han llegado para cambiar el rumbo de una instancia digna de mejor suerte.

La última pirueta revestida de “convención” en la que Vargas Maldonado intenta legitimarse retrata no sólo sus temores y pequeñez sino el inocultable afán de escudarse en la jefatura de una organización para degradarla, haciéndola un instrumento de negocios personales perfectamente captado por la ciudadanía que no “entiende” que la disminución en las simpatías bajo su gestión no se traduce en un distanciamiento del mando como acontece en cualquier país. Por el contrario, se intenta quedar contra viento y marea por los niveles de rentabilidad que implica para él usar el PRD como una letra de cambio comercial que en la medida que lo disminuye, se torna muy rentable para su bolsillo. Para muestra un botón: la cabeza institucional del partido de José Francisco Peña Gómez es el político de mayor impugnación en la sociedad, incapaz de validarse democráticamente quiere retener la presidencia del partido y hasta cree posible presentarse de candidato presidencial. ¿Locura, no?

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